Modificaciones a la Ley 19.799 avanzan en la Comisión de Economía

La transformación digital dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad. Empresas, instituciones públicas y ciudadanos realizan cada día miles de trámites, contratos y gestiones de manera remota, utilizando herramientas que hace apenas dos décadas parecían impensadas. Sin embargo, mientras la tecnología ha evolucionado a un ritmo acelerado, la regulación no siempre ha logrado avanzar con la misma velocidad.

Tras la aprobación en general del proyecto por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados, Chile da un paso importante en el proceso de modernización de la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación. Aunque aún resta un extenso camino legislativo antes de que la iniciativa se convierta en ley, esta votación unánime representa un hito relevante y confirma la voluntad de actualizar un marco normativo que ha sustentado el desarrollo de la firma electrónica durante más de veinte años.

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Una ley pionera que hoy enfrenta nuevos desafíos

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Promulgada en 2002, la Ley N° 19.799 posicionó a Chile entre los países pioneros de América Latina en reconocer el valor jurídico de los documentos electrónicos y de la firma electrónica. Gracias a este marco legal, miles de organizaciones han podido digitalizar procesos, reducir tiempos y eliminar barreras geográficas, facilitando una relación más eficiente entre empresas, instituciones y personas.

Durante estas más de dos décadas, además, la jurisprudencia ha sido consistente al reconocer la plena validez de la firma electrónica cuando cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Esto ha permitido consolidar un ecosistema de confianza que hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha abierto nuevas posibilidades que exceden el diseño original de la ley. Hoy existen mecanismos de identificación más robustos, mejores herramientas de trazabilidad, mayores estándares de seguridad y una creciente demanda por realizar digitalmente trámites que todavía requieren comparecencia presencial o actuaciones notariales.

En ese contexto, la reforma busca adecuar el marco regulatorio a una realidad que ya existe.

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Una modernización que beneficia a empresas y personas

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Uno de los principales objetivos del proyecto es ampliar las posibilidades de utilización de la firma electrónica, permitiendo que un mayor número de actos y documentos puedan realizarse digitalmente con los niveles de seguridad y certeza jurídica que exige nuestro ordenamiento.

Para las empresas, esto significa la posibilidad de continuar profundizando su transformación digital, simplificando procesos internos, reduciendo tiempos de gestión y facilitando la celebración de contratos y otros instrumentos jurídicos sin necesidad de desplazamientos físicos.

Para las personas, implica acceder a trámites más simples, rápidos y seguros, disminuyendo costos asociados a traslados y tiempos de espera, especialmente para quienes viven fuera de los grandes centros urbanos o requieren realizar gestiones a distancia.

La modernización de la Ley N° 19.799 no solo busca incorporar nuevas tecnologías, sino también fortalecer la confianza en el ecosistema digital chileno, entregando reglas claras para una economía cada vez más conectada.

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Una discusión enriquecida por todo el ecosistema

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Uno de los aspectos más destacables de esta tramitación ha sido el trabajo desarrollado por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante el estudio del proyecto, la Comisión convocó a representantes de distintos sectores, promoviendo una discusión técnica, amplia y transversal. En las distintas sesiones participaron autoridades del Ejecutivo, prestadores de servicios de certificación, plataformas tecnológicas como Gofirmex, representantes de las pequeñas y medianas empresas, organizaciones de consumidores, representantes de los notarios y académicos especializados, entre otros actores relevantes.

Esta diversidad de visiones ha permitido enriquecer el debate legislativo y analizar la reforma desde múltiples perspectivas: jurídica, tecnológica, económica y ciudadana.

Desde Gofirmex valoramos profundamente la invitación realizada por la Comisión para exponer nuestra visión técnica y compartir la experiencia adquirida durante años acompañando a empresas e instituciones en sus procesos de transformación digital. La apertura al diálogo con todos los actores del ecosistema fortalece la calidad de la legislación y demuestra que las mejores políticas públicas se construyen escuchando distintas miradas.

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La mirada de Gofirmex

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Como plataforma tecnológica de última milla, Gofirmex cumple un rol articulador dentro del ecosistema de firma electrónica. Nuestro propósito no es emitir certificados digitales, sino facilitar la interacción entre personas, empresas, prestadores de servicios de certificación y notarios, integrando los distintos componentes necesarios para que la experiencia de firma sea simple, segura y accesible.

Esta posición nos permite observar diariamente los desafíos que enfrentan miles de usuarios y organizaciones al digitalizar sus procesos, experiencia que compartimos durante nuestra exposición ante la Comisión.

En términos generales, Gofirmex valora el sentido de la reforma y considera que constituye un avance necesario para fortalecer la transformación digital del país. Al mismo tiempo, planteamos tres propuestas destinadas a perfeccionar el proyecto.

La primera apunta a eliminar la fricción asociada al pago del impuesto de timbres y estampillas. La redirección obligatoria al sitio del Servicio de Impuestos Internos durante el proceso de firma agrega complejidad innecesaria para el usuario, considerando además que la obligación tributaria nace una vez que el documento ya ha sido suscrito.

La segunda propuesta consiste en avanzar hacia una jurisdicción digital claramente definida para las actuaciones notariales electrónicas. Esto permitiría entregar mayor certeza jurídica y evitar eventuales distorsiones derivadas del uso de herramientas tecnológicas que podrían alterar la determinación territorial de determinadas actuaciones.

Finalmente, estimamos que la reforma representa una oportunidad para ampliar el uso de la Firma Electrónica Avanzada a otros instrumentos privados de uso masivo que todavía exigen presencialidad o intervención notarial, como determinados contratos de arriendo o finiquitos laborales, adecuando progresivamente otras normas legales y reglamentarias.

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La confianza digital se construye sobre cuatro pilares

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Uno de los aspectos más relevantes de esta discusión consiste en comprender que la seguridad de la firma electrónica no depende de un único elemento tecnológico.

La confianza en los documentos electrónicos descansa sobre cuatro pilares fundamentales: una identidad previamente verificada, un certificado digital válido, un sellado de tiempo que acredita el momento exacto de la firma y registros de auditoría que permiten reconstruir íntegramente el proceso.

Estos elementos entregan trazabilidad, integridad y evidencia, otorgando certeza jurídica tanto para las organizaciones como para las personas.

Por ello, la discusión actual ya no gira en torno a si la firma electrónica es legal o segura. Ese debate fue resuelto hace años por la legislación chilena y por una abundante jurisprudencia. El desafío de hoy consiste en continuar perfeccionando el marco regulatorio para que acompañe el desarrollo tecnológico y permita extender sus beneficios a un mayor número de trámites y documentos.

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Un paso importante, aunque no el último

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La aprobación en general del proyecto representa un avance significativo, pero también es importante recordar que la iniciativa aún deberá continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.

Vendrán nuevas etapas de discusión, indicaciones y perfeccionamientos, propios del proceso parlamentario. Precisamente por ello resulta tan valioso que esta primera fase haya estado marcada por una amplia participación de los distintos actores del ecosistema.

La modernización de la Ley N° 19.799 no constituye únicamente una actualización normativa. Representa una oportunidad para fortalecer la confianza digital, facilitar la vida de las personas, entregar mayores herramientas a las empresas y consolidar un marco jurídico capaz de responder a las necesidades de una economía crecientemente digital.

Chile dio un paso importante. Ahora comienza el desafío de construir, entre todos, una legislación que permita que la innovación tecnológica siga avanzando con la seguridad, la certeza jurídica y la confianza que ciudadanos y organizaciones esperan.

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