Una tercera vía para la IA en Chile: entre el pragmatismo asiático y la “Magnifica Humanitas”

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El debate sobre cómo legislar la IA en Chile dejó de ser una proyección futurista para convertirse en una urgencia del presente. Según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el 69% de los chilenos ya utiliza estas herramientas de forma cotidiana. Ante este escenario, la discusión que se inicia en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado tiene la oportunidad histórica de adelantarse y esquivar una falsa dicotomía importada del hemisferio norte: elegir entre la autorregulación de Silicon Valley o replicar el pesado modelo de la Unión Europea. Existe, afortunadamente, una tercera vía.

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La encíclica papal Magnifica Humanitas, publicada recientemente, nos recuerda que la tecnología no es neutra; "asume el rostro de quien los concibe, los financia, los regula y los utiliza". El Papa León XIV advierte sobre el peligro de un paradigma tecnocrático desbocado que olvide la dignidad humana. Por ende, la inacción no es una opción; regular es sano, ético e inevitable. Pero proteger los derechos de los ciudadanos no tiene por qué significar asfixiar el motor de la innovación.

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El proceso regulatorio actual debe tomar nota de los recientes tropiezos legislativos para entender el riesgo de normar sin consensos técnicos. El contundente rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados al polémico artículo sobre IA (incluido en Plan de Reconstrucción Nacional) es un síntoma claro. Aquella propuesta falló justamente por dejar una zona de desregulación absoluta: buscaba liberar sin pago ni autorización el uso de obras para el entrenamiento de algoritmos, encendiendo alarmas transversales en creadores y medios debido a su falta de resguardos básicos. 

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El peligro inminente es que, como reacción a este tropiezo, el Congreso caiga en el vicio opuesto: la hiperregulación. Como ha expuesto el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, un marco rígido, centralizado y puramente prohibitivo paraliza la experimentación. Si a esto sumamos la permisología nacional, corremos el riesgo de transitar desde la desprotección hacia un ecosistema asfixiante e impracticable para el desarrollo tecnológico.

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Gremios como FinteChile ya advierten que un exceso de cargas normativas duplicadas castigará a un sector que hoy lidera la región en penetración per cápita y que utiliza la IA como una herramienta indispensable de inclusión financiera. Frente a la densidad burocrática de Europa, Chile debe mirar con pragmatismo el espejo de Japón y Corea del Sur. Sus leyes configuran procesos lineales, estandarizados y con alta certeza jurídica que reducen las incertidumbres regulatorias. El enfoque asiático prioriza marcos basados en principios generales que guían a fiscalizadores sectoriales existentes (como la CMF o el SERNAC).

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Legislar a la vanguardia exige, precisamente, resolver ese equilibrio técnico que falló en la Cámara Baja: la ley debe encontrar un diseño que resguarde con firmeza los legítimos derechos de autor, pero permitiendo de forma explícita y regulada el entrenamiento de modelos de IA con datos de origen nacional, evitando importar sesgos culturales y económicos del extranjero. Hacia el año 2030, el Ministerio de Ciencia estima que si Chile capturara tan solo el 1% de la inversión global en infraestructura de IA, ingresarían US$10.000 millones anuales al país, equiparando el peso de toda nuestra carpeta de inversión minera de la próxima década. Perder esa oportunidad por ceguera burocrática sería trágico.

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Chile no necesita ser la frontera más restrictiva del mapa regulatorio global; necesita ser el ecosistema más competitivo y estratégico. Mirar este escenario con optimismo técnico implica entender que el éxito de la regulación dependerá de escuchar a todos los actores del ecosistema. En Gofirmex nos sumamos a esa visión, quedando a total disposición para integrarnos de manera constructiva en los espacios de diálogo que la autoridad determine. Levantar una normativa robusta y pro-innovación es una tarea colectiva que requiere sumar conocimiento desde todas las áreas para que la regulación nacional sea un puente robusto hacia el desarrollo.

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