17/11/2026

Ley de Protección de Datos: más tiempo, misma responsabilidad.

Con la publicación de la Ley N° 21.719, en diciembre de 2024, Chile dio un paso importante hacia una nueva forma de proteger los datos personales. La reforma fortalece los derechos de las personas sobre su información, eleva las exigencias para quienes la tratan y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de fiscalizar su cumplimiento. El desafío de esta nueva institucionalidad es llevar esa protección a la práctica de las empresas, de los servicios públicos y de las plataformas digitales que utilizamos todos los días. 

El proyecto de ley del Ejecutivo identificado como Boletín N° 18.623-07 busca preparar mejor esa implementación. La iniciativa plantea postergar la entrada en vigencia del nuevo régimen, ampliar de tres a cinco los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia y asegurar que su designación se realice con suficiente anticipación. Su discusión pone en evidencia que una reforma de esta magnitud necesita tanto organizaciones preparadas como una autoridad con capacidad real para orientar, fiscalizar y proteger los derechos de las personas. 

Una ley que busca transformar la manera en que protegemos los datos personales necesita más que una fecha de entrada en vigencia. Necesita empresas preparadas, personas informadas y una autoridad capaz de hacer efectivos sus derechos. Por eso, desde Gofirmex consideramos razonable (y necesaria) una postergación que permita instalar adecuadamente la nueva institucionalidad.  

El avance legislativo de la iniciativa que busca postergar la entrada en vigencia del nuevo régimen establecido por la Ley N° 21.719 plantea una interrogante fundamental: ¿qué se requiere para que la protección de datos personales sea efectiva en la práctica? La propuesta contempla, además, aumentar de tres a cinco el número de integrantes del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales, procurando que su designación se realice con la debida anticipación. Más allá de la fecha definitiva de entrada en vigencia, lo verdaderamente relevante es que este plazo adicional permita fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y operativas necesarias para implementar adecuadamente una reforma de esta magnitud. 

La Agencia tendrá un papel crucial, puesto que la ley le encomienda dictar instrucciones y normas generales, interpretar administrativamente la regulación, fiscalizar su cumplimiento, resolver reclamos y ejercer potestades sancionatorias. Para quienes debemos traducir las exigencias legales en decisiones operativas, contar con una autoridad técnica instalada y con criterios públicos es indispensable. La certeza jurídica también requiere contar con orientaciones claras, canales de atención accesibles y una respuesta oportuna. 

Ampliar el Consejo Directivo puede contribuir a esa tarea. Un órgano de cinco integrantes ofrece mejores condiciones de continuidad frente a ausencias, inhabilidades o vacancias y permite reunir perspectivas profesionales complementarias. Sin embargo, aumentar sus miembros no basta ya que la instalación debe acompañarse de equipos, procedimientos y capacidades que permitan ejercer sus funciones es por ello que el objetivo no puede ser tener una Agencia constituida únicamente en el papel.   

En Gofirmex, como empresa que ofrece software para firmas electrónicas y que trabaja con datos personales de sus clientes, esta discusión nos interpela directamente. La confianza no depende solo de que una herramienta sea rápida y fácil de usar. También es importante que las personas sepan qué información entregan, para qué se utiliza y cómo se protege. Por eso, la protección de datos debe estar presente en todo el servicio y no limitarse a un documento que pocas personas leen. 

Por eso, adecuarse al nuevo régimen no puede reducirse a modificar políticas de privacidad o términos y condiciones. A nuestro juicio, supone revisar los datos que se solicitan, los accesos que se conceden, los proveedores que intervienen y la manera de responder ante incidentes o solicitudes de los titulares de estos derechos. Esperar las orientaciones de la futura autoridad no debe ser una razón para detener este trabajo. La protección de datos personales no comienza con esta reforma, ya que la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, vigente actualmente, ya establece obligaciones de confidencialidad y exige actuar con el debido cuidado en el tratamiento de los datos personales.   

Existe otro aspecto igualmente importante: la educación de los usuarios. Desde Gofirmex creemos que nuestra responsabilidad también debe expresarse en explicar, con lenguaje sencillo, qué son los datos personales y por qué es necesario cuidarlos. Una recomendación básica es no compartir contraseñas ni credenciales de autenticación tales como la "Clave Única". Facilitar una gestión no debería implicar entregar a terceros el control de la propia identidad digital. Educar complementa las medidas de seguridad de las empresas; nunca las reemplaza ni traslada toda la responsabilidad al usuario. 

Frente al riesgo de suplantación de identidad, avanzar tecnológicamente también exige avanzar en hábitos de protección y por sobre todo una cultura de respeto por la información de las personas. La innovación y el resguardo de los derechos no son objetivos opuestos, una tecnología confiable necesita ambos. 

 

Respaldar un plazo adicional para implementar la reforma no significa restarle importancia ni urgencia. Por el contrario, implica asegurar que ese tiempo se aproveche de manera responsable, tanto por parte del Estado como de las organizaciones. La postergación solo tendrá sentido si permite contar con una autoridad preparada para funcionar, empresas mejor capacitadas y usuarios mejor informados. 

 

Javiera Mantinetti Silva, abogada Universidad Autónoma de Chile.
Legal Operations en Gofirmex. 

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